El informe establece que la grave situación de la cuenca Matanza- Riachuelo, denunciada en el Informe Especial de 2003, no ha sido aún motivo de consideración de las autoridades para elaborar un Plan concreto, realista e integral sobre la Cuenca.

El 4 de diciembre de 2003 el Ombudsman y las OP habían realizado una serie de recomendaciones a distintas autoridades públicas. Pusieron entonces en conocimiento del Gobierno Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los 14 municipios que integran la cuenca Matanza-Riachuelo el Informe en el que promovían una serie de soluciones a la problemática de dicha cuenca.

Desde esa fecha y hasta el 4 de noviembre de 2005, el Defensor del Pueblo y las OP han realizado un seguimiento permanente de las políticas efectuadas respecto de la temática en cuestión, analizando las respuestas y los hechos que cada organismo público produjo.

Se insiste en negar el manejo sistémico de la Cuenca, tomándose en cambio al río como un sistema de drenaje.

No hay avances significativos de lo realizado para disminuir la magnitud del deterioro que afecta a los recursos naturales de la Cuenca y a la salud de la población.

No se controla ni regula el uso de agroquímicos; el vertido en desagües cloacales y pluviales de líquidos y compuestos orgánicos clorados, metales y otros elementos contaminantes de origen incierto.

Tampoco se ha hecho nada para reducir progresivamente (hasta conseguir la eliminación definitiva) el vuelco de sustancias de origen industrial (xenobióticas), cloacal o agropecuaria en el agua, el suelo y el aire de la Cuenca.

Las autoridades competentes no han realizado acciones directas o elaborado planes conducentes para hacer efectivo el cuidado de los recursos naturales, la recuperación del ecosistema y la promoción del desarrollo ambientalmente sustentable.

La cantidad de basurales ubicados en la Cuenca y su situación, en términos generales, no ha variado demasiado, y mas bien se han incrementado los focos infecciosos que los basurales representan.

Las obras públicas y el sistema sanitario de agua y cloacas, en proyecto o en ejecución, no cumplen con los requisitos previstos por el Estudios de Impacto Ambiental ni se proyectan en base al diagnóstico ambiental integral de la cuenca. Por tratarse de una práctica recurrente de los organismos públicos pertinentes se podría inferir, además, la posible violación de la Ley N° 24051 (art. 55, 56, 57 y 58).

Para las autoridades sanitarias de la Nación, el alto impacto que tiene la presencia de todo tipo de contaminantes físicos, químicos y biológicos que producen la alteración y destrucción de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, el aire y el suelo, y que afectan la salud de cada uno de los 4.6 millones aproximadamente de habitantes que residen en la cuenca, aparentan no ser razones suficientes para la realización de los pertinentes estudios epidemiológicos.

El Defensor nacional, a instancias de las OP y por propia convicción, ha decidido reiterar la recomendación para que el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación realice estudios epidemiológicos sobre el estado de salud de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Las autoridades nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no han consensuado líneas de acción concretas para constituir una Autoridad de Cuenca que asuma la responsabilidad directa ni han creado un plan integral ambiental para la Cuenca.

VillaLugano.com

Fuente: Defensoría del Pueblo de la Nación

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Aspectos positivos para destacar

El Defensor del Pueblo de la Nación y las Organizaciones Participantes han rescatado:

Las tareas encaradas por las autoridades y el personal médico y no médico del Hospital Dr. Cosme Argerich (dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), que han diseñado y puesto en práctica un programa concreto de vigilancia y estudio epidemiológico, participación comunitaria, mapa de riesgo y, en definitiva, de todo lo atinente a la especificidad que le es propia en relación a la Cuenca.

Las medidas proyectadas por las autoridades del municipio de Avellaneda destinadas a la realización de auditorias ambientales y de seguridad así como la creación del "Comité Ejecutivo del Polo Petroquímico Dock Sud" (Decreto Municipal N° 576/04, del 3/5/2004).

Las medidas desarrolladas por dicho Comité Ejecutivo, que dieron como resultado el informe de relocalización y reconversión industrial y de las acciones consecuentes llevadas adelante.

La actualización del relevamiento de industrias localizadas en la cuenca al 2005, cuya nómina asciende a un total de 3.528 emprendimientos registrados.

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