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La labor de la Defensoría del Pueblo y su aporte a la función legislativa

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, durante los últimos 5 años de gestión, presentó en la Legislatura más de 70 proyectos de ley, muchos de los cuales fueron aprobados y constituyen hoy parte del marco normativo de la ciudad de Buenos Aires.

La Dra. Alicia Pierini promueve convertir las problemáticas ciudadanas en normas que transformen las demandas colectivas en soluciones integrales, colaborando así con el funcionamiento de las instituciones y con la defensa de los derechos.

Así, se destacan, entre otros, los siguientes proyectos, que hoy son ley:

  • LEY 1850: Regulación de la prestación del servicio de ambulancias.
  • LEY 1820: Prohibición utilización del asbesto en industrias.
  • LEY 2089: Fondo Solidario Permanente para abuelas o abuelos, padres de desaparecidos.
  • LEY 2202: Ejercicio del derecho a la identidad. Acceso a registros hospitalarios y civiles.
  • LEY 1696: Eliminación de la restricción a docentes extranjeros.
  • LEY 2681: Obligatoriedad escuelas de gestión privada de fundamentar negativa de inscripción a alumnos.
  • Ley marco de seguridad publica, que es parte del marco de garantías que contempla la Ley de Seguridad Metropolitana recientemente aprobada.

Mientras tanto, otros proyectos que continúan en tratamiento son:

  • Barreras de seguridad en aceras de las escuelas.
  • Prioridad para empresas recuperadas en el sistema de compras del GCBA.
  • Creación pase social sanitario para personas en situación de pobreza para asistencia médica en el sistema público.
  • Subsidio total o parcial para familias en emergencia habitacional.
  • Eliminación de la restricción a docentes extranjeros para ejercer la profesión.
  • Instalación de sistema de audición para personas con trastornos auditivos en cines y teatros de la ciudad.
  • Prioridad para la refacción y puesta en valor de la infraestructura escolar.
  • Regulación servicios de transporte para excursión y recreación (vehículos de fantasía).
  • Prohibición de venta y suministro de pegamentos que contengan tolueno a menores de 18 años.
     
  • La realización de un informe socio-ambiental previo al desalojo de inmuebles ocupados.
  • Emprendimientos precooperativos de inclusión social.
  • Constancia expresa de la condición de desaparecido/a en padrones electorales.